El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx) exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar al exgobernador Javier Duarte por violaciones graves a derechos humanos en Veracruz y que realice “eficazmente” su trabajo el sábado 22 en la audiencia en la que se determinará si lo enjuician por delincuencia organizada y lavado de dinero.

En un comunicado, denunció la “incapacidad de la PGR para llevar al exmandatario estatal por los delitos antes mencionados y demandó que éste sea también investigado por las desapariciones de personas, asesinatos y otras violaciones graves a los derechos humanos cometidos por él y los funcionarios de su gobierno.

Integrado por más de 49 colectivos de familias de personas desaparecidas en México y Centroamérica, el Movimiento hizo un recuento de las cifras oficiales de inseguridad y violencia durante el gobierno de Duarte de Ochoa.

Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), durante su mandato se registraron 665 personas desaparecidas. Sin embargo, la cifra es mucho mayor si se considera que desde mediados de 2014, la Fiscalía de Veracruz dejó de reportar adecuadamente los casos de desaparición, por lo que para 2015 sólo se registraron ocho casos y uno en 2016.

El Movimiento señaló que la incongruencia en las cifras fue reflejada por la propia Fiscalía General del Estado que en marzo pasado informó que “presumiblemente sustentado en carpetas de investigación que se tienen, se calcula un promedio de 2 mil 600 personas en calidad de desaparecidos”.

De acuerdo con el MovNDmx, la gravedad de la situación en Veracruz se refleja en el descubrimiento de fosas clandestinas por colectivos de familias de personas desaparecidas.

Entonces citó el Informe Especial sobre Personas Desaparecidas y Fosas Clandestinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): entre 2007 y 2016 se reportó el hallazgo de mil 143 fosas clandestinas en el país. Veracruz ocupó el tercer lugar con la mayor cantidad de fosas clandestinas: 191 y 21 mil 874 restos óseos exhumados.

Y mencionó algunos ejemplos: Colinas de Santa Fe en mayo de 2016, donde se han encontrado 274 cuerpos, “la fosa más grande de América Latina”; Rancho El Limón en febrero 2017, donde se encontraron 10 mil fragmentos óseos y se han identificado a cuatro personas; y El Arbolillo, Alvarado en marzo pasado, donde se han encontrado ocho fosas clandestinas dentro del predio y de las que se han desenterrado 47 cráneos y múltiples restos humanos. Otras fosas son Moyoapan en 2016 e Ixtaxzoquitlan en 2017.

El MovNDmx recordó que durante el gobierno de Duarte de Ochoa fueron asesinados 18 periodistas y tres más fueron desaparecidos -Sergio Landa Rosado, de Cardel; Miguel Morales Estrada, de Poza Rica; y Gabriel Fonseca, de Acayucan. Afirmó que “hasta el momento no se han presentado cargos relacionados con las muertes y desaparición de periodistas”.

De paso, la organización recordó que Veracruz es uno de los estados con mayores índices de criminalidad y violencia del país. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre de 2017 se registraron 698 asesinatos. En mayo, medios de comunicación presentaron cifras que señalaban que los homicidios habían aumentado 99% respecto al mismo lapso de 2016.

Con base en esos reportes, el Movimiento urgió a “recordar que los delitos internacionales no prescriben, como lo es la desaparición forzada y mucho menos cuando se constata como ataque generalizado y sistemático contra la población civil, prueba de ello son las fosas antes mencionadas como una radiografía de los crímenes de lesa humanidad que pretenden enterrar”.

Agregó que, para sus integrantes, el exgobernador Javier Duarte “expresa la inmunidad con la que cuentan gobernantes estatales y federales que han sumido a México en terror y muerte”.

La impunidad en Veracruz, insistió, “es un reflejo de la situación que existe en el país, que deja en evidencia que a las autoridades no les interesa esclarecer, investigar y castigar a los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos cometidos en México y proporcionar justicia a las miles de víctimas y familiares de personas desparecidas”.

Fuente: Proceso.