Ciudad de México, 11 de diciembre.– Gobernadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional respaldaron este día la Ley de Seguridad Interior, mientras que académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Iberoamericana alertaron sobre posibles violaciones a los derechos humanos.

Senadores se reunieron este día con los mandatarios de Durango, José Rosas Aispuro; Guerrero, Héctor Astudillo; de Colima, José Ignacio Peralta; de Tlaxcala, Marco Mena; de Querétaro, Francisco Domínguez; de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, y de la Ciudad de México, Miguel Ángel mancera Espinosa.

El Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, aseguró que la Ley de Seguridad Interior “ha generado controversia, pero su servidor cree que es conveniente, con los arreglos que se puedan consensuar, salga adelante en beneficio de las mexicanas y los mexicanos”.

Marco Mena, mandatario de Tlaxcala, sostuvo que “es impostergable que se deba aprobar la ley” y aseguró que “a los estados nos pone en la vía de fortalecer a nuestras policías”.

A su vez, el Gobernador de Colima, Ignacio Peralta, apuntó que “ley no buscaría sustituir a las autoridades civiles y menos militarizar al país, sino establecer una adecuada coordinación entre los tres órdenes de Gobierno para enfrentar el reto de la seguridad interior”.

Y agrego que “por ningún motivo estaríamos de acuerdo con que se invadan las esferas de competencia de lo que nos corresponde a las autoridades locales e intermedias”.

“Nosotros no venimos a renunciar a nuestra responsabilidad constitucional y legal que tenemos en materia de seguridad pública pero habrá que reconocer que el país vive problemas muy complejos que se han originado de años atrás y, hoy en día, la colaboración de las fuerzas armadas, en los temas no de seguridad necesariamente, sino en los temas de seguridad interior, que es algo que sobrepasa las responsabilidades de la seguridad publica, seguirá siendo de los tres órdenes de gobierno”, sostuvo el Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, señaló que el proyecto contiene excesos “que incluso han solicitado las Fuerzas Armadas”.

ALERTAN ACADDÉMICS DE LA UNAM E IBERO

Directivos y docentes de la Universidad Iberoamericana (IBERO) se pronunciaron este día en contra de la Ley de Seguridad Interior– aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre–, a la cual calificaron de “ambigua” y “problemática”.

La casa de estudios urgió al Senado de la República atender, antes de aprobar la Ley, las obligaciones de interpretación que tienen en relación con el marco constitucional y convencional de derechos humanos.

Recordó que entre las obligaciones que tiene el Congreso de la Unión en el marco de la expedición de las leyes, se encuentra, necesariamente, realizar un análisis de compatibilidad que nos rige en materia de derechos humanos para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas de Derecho Constitucional en la materia.

“La aprobación de una legislación sobre la seguridad interior que reconoce la posibilidad de realización de tareas de seguridad ciudadana a cargo de las fuerzas armadas no puede, desde ninguna arista, superar los estándares elementales de constitucionalidad/convencionalidad”.

La IBERO señaló que el concepto de “Seguridad Interior” que se discute en el Congreso es ambiguo y problemático, y su empleo diluye la separación que debería existir entre las acciones relacionadas con la seguridad nacional– que se encomiendan a las fuerzas armadas– y las tareas de seguridad ciudadana–que se encomiendan a los cuerpos civiles de la policía–.

“La ley de seguridad interior constituye, desde su concepción, una clara expresión del intento de extender el alcance de las tareas de las fuerzas armadas a la realización de tareas de seguridad pública (ciudadana), a través de una interpretación del concepto de ‘Seguridad Interior’ que no es compatible con el marco constitucional/convencional”, reiteró.

Asimismo, citó a la Constitución Mexicana en su artículo 21, que establece que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil”.

“De este modo, la propuesta de Ley de Seguridad Interior vulnera en su concepción y diseño algunos de los principios constitucionales más elementales para la vida de una democracia constitucional. Uno de esos principios es el que se relaciona con la subordinación de las autoridades militares a las autoridades civiles, y que se marca la importancia de que la vida democrática y el ejercicio de las libertades se lleven a cabo en un contexto de normalidad constitucional y sin interferencias”.

Más allá del debate y problemáticas que suscita el concepto e interpretación que pretende darse a la seguridad interior, resultan particularmente preocupante las consecuencias que el diseño de una legislación con este enfoque ocasiona, resaltó la casa de estudios.

Así, explicó, cuando se analiza cuáles son las implicaciones que tiene la realización de tareas de seguridad pública o ciudadana a cargo de las fuerzas armadas, los incentivos para la generación de afectaciones sistemáticas a los derechos humanos están dadas, generando con ello una suerte de estado inconstitucional de cosas.

“La propuesta de Ley de Seguridad Interior no se encuentra orientada al fortalecimiento de las corporaciones civiles de policía y, por el contrario, constituye un importante aliciente para la ‘normalización constitucional’ de ese estado de cosas inconstitucional que se ha mantenido en México desde hace más de una década”, expresó.

Un grupo de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) coincidió en que la Ley de Seguridad Interior es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado mexicano, además de ser “contraria al desarrollo jurisprudencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

En un pronunciamiento, académicos y especialistas en derecho sobre la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Iniciativa de Ley de Seguridad Interior señalaron que esta vulneraría el equilibrio de poderes al otorgar excesivas facultades al Poder Ejecutivo sin establecer contrapesos del Poder Legislativo o Judicial.

Igual que la IBERO, refirieron que la Constitución Política no faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre seguridad interior ni a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo las tareas de seguridad que hoy realizan.

También coincidieron en que la definición de Seguridad Interior es vaga e imprecisa, por lo tanto podría permitir calificar un conjunto muy amplio de conductas como riesgosas a la misma. “La iniciativa incluye diversas definiciones (tales como uso legítimo de la fuerza) que posibilitan al Ejecutivo utilizar a las Fuerzas Armadas con propósitos ambiguos y en un marco amplio de discrecionalidad”.

Los especialistas de la UNAM resaltaron que la iniciativa contiene disposiciones, como la reserva de la información, cuya aplicación violaría garantías procesales, poniendo en riesgo el acceso a la justicia de las víctimas.

Fuente: Sin Embargo.